Valora Analitik · 26 de enero de 2026
Consejo Gremial y Fedesarrollo advierten que la emergencia económica carece de sustento constitucional
Ambas entidades instaron a la Corte Constitucional a declarar la nulidad del decreto y exigir que el ajuste fiscal se tramite por los canales correspondientes.
El Consejo Gremial Nacional y Fedesarrollo presentaron ante la Corte Constitucional argumentos que cuestionan la exequibilidad del decreto mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica.
El 22 de diciembre de 2025, el ejecutivo expidió el Decreto 1390, mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional por un término de 30 días. Esta decisión se fundamentó en una situación fiscal calificada como grave, originada por hechos que el Ejecutivo denominó como «sobrevinientes y concurrentes».
Ambas organizaciones advirtieron que la declaratoria no cumple con los requisitos mínimos de sobreviniencia, gravedad, inminencia y suficiencia exigidos por el artículo 215 de la Constitución Política para activar poderes extraordinarios.
En síntesis, la crítica insiste en que los hechos invocados por el Gobierno (alto gasto público, presión fiscal, faltante de financiación para el Presupuesto, entre otros) no son extraordinarios, sino situaciones crónicas o atribuibles a la gestión ordinaria del Estado.
El Consejo Gremial destacó que eventos como la obligatoriedad de cumplir órdenes judiciales sobre la UPC en salud no son nuevos, sino que se inscriben en una línea de seguimiento judicial de más de quince años.
De igual forma, Fedesarrollo señaló que factores como el deterioro de la seguridad y los choques climáticos eran identificables con antelación y debieron abordarse en el marco de la programación fiscal ordinaria.
Cuestionamientos a la gravedad e inminencia de la crisis
Las intervenciones conocidas este lunes subrayan que el Gobierno incurrió en un error manifiesto de apreciación al calificar la gravedad de la situación. De hecho, para Fedesarrollo la declaratoria se basa en un «diagnóstico fiscal incompleto y con sustento débil», pues las tensiones financieras no constituyen un choque inesperado, sino la materialización de desequilibrios acumulados que se han venido gestando con anterioridad.
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