Cuatro retos de educación en Ley de competencias

El gobierno tiene plazo hasta diciembre para presentar al Congreso el proyecto de ley orgánica de reparto de competencias y responsabilidades entre la nación y las entidades territoriales, requisito para que entre en vigencia la reforma constitucional (de 2024) que incrementa la tajada del Sistema General de Participaciones (SGP) en los ingresos corrientes de la nación, de un 25 % a un 39,5 % en 2038.

Un gobierno empecinado en una lógica de gasto (irresponsable) para hacer “reelegir su proyecto progresista” difícilmente elaborará un buen proyecto de ley que requiere justo el espíritu contrario: la responsabilidad fiscal y el compromiso con mejorar la calidad del gasto, su eficiencia. Y si lo presenta, su trámite en el Congreso coincidirá con las campañas electorales de 2026, un ambiente poco propicio para un asunto técnico de tanto calado.

Sin embargo, hay que intentar posicionar los temas grandes implicados en el SGP y la ley de competencias. En el caso de la educación, llevábamos años de tensión entre “aumentemos los recursos (sustancialmente)” y “revisemos primero cómo estamos gastando”. Es decir, entre la petición de reforma constitucional del SGP, liderada por Fecode, y la reforma de la actual ley de competencias territoriales, la 715 de 2001, liderada por nadie. Finalmente, el ministro Cristo casi logra aprobar el incremento del SGP sin las correspondientes competencias, plata a discreción, el mundo soñado de la clase política en las regiones.

Reto 1: modificar la estructura del gasto en educación en favor de la calidad. Estamos en 95 % para prestación del servicio (básicamente nóminas) y un 5 % para calidad (“construcción y adecuación de infraestructura, transporte y alimentación escolar, material y medios pedagógicos para el aprendizaje, etc”), según la Misión de Descentralización. Por supuesto, el gasto salarial docente es un insumo clave para la calidad, siempre que contenga políticas para tal fin.

Pero la composición típica del gasto en educación en países en la OCDE es: remuneración de personal (docentes y no docentes), 77 %; solo docentes, 60 %; bienes y servicios (materiales, tecnologías, mantenimiento), 16 %; y capital (infraestructura, equipos mayores), 7 %. No nos podemos dar el disparo de aumentar dramáticamente el gasto para seguir con la misma estructura. Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo, ha calculado que con el 79 % de los recursos se podrían lograr los mismos resultados en cobertura.

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