El riesgo del contrabando desafía el recaudo de urgencia del Gobierno de Petro

El Gobierno de Gustavo Petro se ha lanzado a un experimento de efectos inciertos. A través de un decreto, expedido bajo el mando de una emergencia económica salpicada de dudas legales, el Ejecutivo ha elevado los impuestos al tabaco y al licor a niveles sin precedentes. Lo que en los despachos de Bogotá se defiende como un salvavidas fiscal, en las regiones y en los gremios se lee como una oportunidad para el crimen organizado. El debate trasciende lo legal y tributario, convertido en una guerra de datos donde unos señalan que el contrabando devorará el mercado y, otros, que es un fantasma agitado por una industria que busca proteger sus utilidades.

La aritmética del miedo es clara y tiene peso. Según Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, Colombia se asoma a un abismo de ilegalidad. El decreto incrementó en un 175% el impuesto específico a los cigarrillos, elevando el precio de la cajetilla hasta los 18.000 pesos, unos cinco dólares. “Es redactar el plan de expansión de las mafias”, dice el oficial retirado, que destaca que el contrabando de cigarrillos “se ha consolidado como un componente estratégico en el sostenimiento financiero del crimen organizado”. Las proyecciones de la consultora Strategos BIP sugieren que el mercado ilegal, que ocupa el 36% de la torta según las últimas mediciones de Invamer, y que podría escalar hasta el 80% en el corto plazo. Buitrago cita un estudio de la Universidad de los Andes que concluye que, por cada 10% que sube el impuesto, el contrabando crece un 7%. El espejo de Ecuador suele ser el argumento de cierre para esta orilla del debate: Fedesarrollo documentó —en un estudio financiado por Coltabaco, filial colombiana de la multinacional tabacalera Philipp Morris— cómo un incremento en los impuestos disparó el contrabando del 5% al 53% en tres años.

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