Política de la tasa de usura en el mercado financiero en Colombia: implicaciones, efectos y recomendaciones

La inclusión financiera es fundamental para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, especialmente en países en desarrollo. En Colombia, el acceso al crédito formal es clave, ya que las tasas en el mercado informal pueden ser hasta nueve veces más altas. La política de tasa de usura, definida como 1.5 veces el Interés Bancario Corriente (IBC), es un mecanismo regulatorio diseñado para proteger a los consumidores y limitar el poder de mercado. Desde 2015, su cálculo ha evolucionado, con cambios metodológicos significativos en 2023 y 2024 que han impactado diversas categorías de crédito. Estas modificaciones redujeron en aproximadamente cinco puntos porcentuales las tasas de interés para créditos de consumo y comerciales, además de alterar la ponderación de productos en el cálculo del IBC.

Si bien estos cambios permitieron una mayor diferenciación por perfil de riesgo y mejoraron el acceso a ciertos créditos productivos, también generaron distorsiones, especialmente en el crédito rural. A nivel macroeconómico, una reducción de un punto porcentual en la tasa de usura provocó una caída del 1.9% al 3.5% en la cartera de consumo, con una contracción total del 9% (18 billones de pesos) entre septiembre de 2023 y noviembre de 2024. Esto restringió el acceso al crédito, particularmente para personas de alto riesgo, reduciendo entre 1.23 y 2.22 millones de créditos en el mercado formal. Estos hallazgos evidencian la disyuntiva entre la protección al consumidor y la inclusión financiera, planteando desafíos para el acceso sostenible al crédito.