Políticas para la inclusión social y productiva

El principal desafío de la política social en los próximos años consistirá en continuar reduciendo la pobreza con recursos fiscales limitados y en presencia de retos estructurales en la inclusión productiva. En cuanto a la focalización de los programas sociales, persisten deficiencias en la asignación del gasto público ya que más del 30% de los recursos destinados a transferencias sociales en 2024 se asignaron a hogares no pobres. Adicionalmente, la pobreza se concentra en las poblaciones desempleadas e informales, que registran una incidencia de pobreza de 47% y 34%, frente al 6,1% observado entre los ocupados formales, lo que subraya la necesidad de políticas laborales que impulsen el empleo formal como instrumento clave para la reducción de la pobreza.

Para enfrentar estos desafíos, en materia de inclusión social se propone consolidar una única transferencia monetaria focalizada en personas menores de 65 años en pobreza extrema, financiada con los recursos ya apropiados y complementada con la implementación del Pilar Solidario, lo que permitiría beneficiar a cerca de 9 millones de personas y reducir la pobreza extrema en aproximadamente 1,5 puntos porcentuales. Por otra parte, se destaca la importancia de utilizar la política laboral como un instrumento complementario de la política social, orientado a los segmentos de la población con mayor incidencia de pobreza. En este contexto, se plantea la adopción de tarifas marginales progresivas en las contribuciones a salud y la ampliación de la posibilidad de cotizar a pensión por semanas. También se propone la creación de un seguro de desempleo y avanzar en un marco laboral diferenciado para el sector rural. Asimismo, se sugiere extender la regulación diseñada para las plataformas digitales de reparto a otras actividades que gestionan recurso humano, incorporando explícitamente al sector rural. Por último, se plantea desarrollar una infraestructura pública de productividad que ofrezca servicios empresariales básicos y un sistema de certificación de competencias laborales.